Cho Vito, entre el agravio y la contradicción
Las imágenes de vecinos de Cho Vito y activistas que los apoyaron siendo desalojados por las fuerzas de seguridad y las de las palas derribando casetas tardarán en olvidarse. Siete de las 31 familias siguen allí entre escombros. Pero, la ilegalidad del poblado era innegable. Por eso Cho Vito se mueve entre el agravio y la demagogia
| 12-10-2008 VOTE ESTA NOTICIA   |  |  |  |  |
DANIEL MILLET / CANDELARIA Los vecinos apelan a la misma justicia que ha decidido el derribo de sus casas por contravenirla. Varios colectivos de cariz ecologista que claman por la aplicación estricta de la ley contra la corrupción, los desenfrenos del cemento y los proyectos que amenazan el medio ambiente solicitan ahora amparo para un poblado que infringe esas mismas normativas. Una de las pancartas reza: "No a los derribos. Salvemos nuestras costas". Los partidos y las administraciones que no movieron un dedo gritan ahora contra el "enésimo atropello de Madrid". [Siempre quedará Madrid]. Y, al mismo tiempo, es a todas luces palpable que la contundencia con la que se ha actuado en este caso no se aplica en tantos otros que afectan a viviendas e infraestructuras de lujo -y de no tanto lujo- que invaden y degradan los recursos naturales. Por todo eso, Cho Vito aparece como un territorio minado de agravios, contradicciones y ciertas dosis de demagogia.
En estas arenas movedizas han preferido no enfangarse muchas organizaciones públicas y privadas, que han seguido eso sí con estupor, como todo el mundo, cómo las históricas imágenes de los desalojos copaban la atención mediática nacional. En Ben Magec-Ecologistas en Acción, por citar un ejemplo, se ha discutido mucho sobre la postura oficial. Una fuente de este colectivo explica lo que tantos otros en la intimidad: "Por un lado estamos indignados con cómo se ha tratado a esa gente humilde y con el agravio que supone este caso, pero al mismo tiempo está la obligatoriedad de que todos cumplamos la ley. Al fin y al cabo, ese terreno se va a ganar al uso público. Ante semejante dilema, hemos preferido no manifestarnos". Este activista verde cree que al fin y al cabo si se empezaran a hacer excepciones, y más cuando como en este caso se trata mayoritariamente de segundas residencias, se correría el riesgo de volver al statu quo anterior que tanto daño hizo a la biodiversidad y el paisaje de las Islas.
En una cosa sí hay plena coincidencia: las formas no han sido las adecuadas. El despliegue desmesurado de los cuerpos de seguridad del Estado (incluido un helicóptero), el hecho de haber iniciado los derribos cuando todavía no habían encontrado solución las siete familias (de 31 en total) que pudieron demostrar que sus casas eran su único techo, las dificultades debido a los controles policiales para acceder a esas casetas que permanecerán en pie por ahora... El resultado es un lugar por el que parece haber pasado un huracán. "Es vergonzoso. No se nos trata como a humanos. Nos sentimos en estado de sitio", dice la voz de Cho Vito, el ya popular Tomás González, en su caseta.
En el Ministerio de Medio Ambiente, del que partió la iniciativa de demoler este poblado -que ocupa "flagrantemente" el dominio público- en el marco de un proyecto que afecta a todo el litoral español, sus responsables prefieren no pronunciarse ahora que la tensión sigue latente. Pero, un portavoz precisa que los derroteros que tomó este expediente y la actitud de los vecinos "nos llevaron simplemente a hacer cumplir la ley". Quiso dejar claro que el proceso se hacía eterno -"todo viene de 15 años atrás"- , que los afectados eran conscientes de que las casas eran ilegales y que siempre tuvieron acceso a toda la información. "Los cuerpos de seguridad actuaron por un mandato judicial, para preservar la seguridad y porque entendieron que la situación lo requería. Los afectados habían amenazado hasta con el suicidio colectivo. Se preveía mayor oposición".
Los chovitenses, sin embargo, recuerdan que su pulso ha sido pacífico, que en los momentos de máxima tensión -sobre todo durante la irrupción el pasado martes de las palas- se han escapado algunos insultos, pero que la situación nunca fue a mayores y los guardias civiles respondieron con corrección dentro de las circunstancias. "Ellos no tienen la culpa. La culpa es de los que los mandan", dice José Antonio Luis García en pleno Cho Vito, quien esperaba "más apoyo del pueblo tinerfeño".
Una sucesión de errores y desidias, empezando por los anteriores grupos de gobierno del Ayuntamiento y pasando por los propios habitantes, ha condenado a Cho Vito, un núcleo que nació incluso antes de los años sesenta con varias cuevas de pescadores. Ladrillo a ladrillo, de las cuevas se fue pasando a las viviendas, que se fueron arremolinando a partir de los setenta en una cala encajonada en la parte oriental de la costa de Candelaria. El actual grupo de gobierno municipal intentó hasta el último momento promover las figuras de protección contempladas para los lugares de valor etnográfico. Es curioso observar cómo altos cargos de CC y PP han lanzando duras críticas al Estado y al Ayuntamiento socialistas por esta actuación, cuando precisamente el primer convenio que recogió las demoliciones lo acordó en 1998 el nacionalista Antonio Castro Cordobés con el gobierno de Aznar. O es curioso recordar que los intentos de proteger Cho Vito fueron rechazados por la Cotmac (dependiente del Gobierno de Canarias, gobernado por CC y PP), aparte de por los jueces, mientras el Cabildo de Tenerife y otros organismos se lavaron las manos sobre un núcleo que no es precisamente un alarde de calidad arquitectónica.
Los vecinos afectados admiten que las casas eran irregulares, pero censuran la vulneración de derechos fundamentales, que se pudo haber hecho algo para evitar los derribos y, sobre todo, los agravios comparativos. Uno de los abogados que apoya a los vecinos, José Pérez Ventura, resume un sentir muy extendido en este enclave construido prácticamente sobre los callados: "Esto no se atreven a hacerlo con los chalets de los ricos ni con los hoteles de los poderosos. Y siempre la terminan pagando los mismos".
Pero, ¿hasta dónde llega el agravio? ¿Es Cho Vito, como se ha dado a entender, el único enclave ilegal cuyas casas han sido derribadas? En octubre de 2006 se iniciaba en la costa de El Sauzal la demolición de 418 casetas similares a las de Candelaria que contravenían las normativas por diferentes razones (258 estaban en servidumbre de protección, 115 en servidumbre de tránsito y 45 en dominio público marítimo-terrestre). Era otro de los muchos expedientes abiertos por la Dirección de Costas. Pero no hubo movilización, las imágenes no dieron la vuelta a España, no hubo despliegue policial ni, a diferencia de Cho Vito, ninguna emisora dedicó hasta 30 horas ininterrumpidas de programación. Tampoco despertaron semejante reacción las casitas derribadas de Fuencaliente (La Palma), o las de El Confital (Granadilla, Tenerife) o tantas otras edificaciones que han ido cayendo en el anonimato víctimas de la inapelable fuerza de las palas.... y de la Ley.
Sólo la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, con ocho años de existencia, ha ordenado la demolición de más de 150 edificaciones que iban contra las directrices urbanísticas, aparte de los centenares de expedientes en trámite. Y el Estado ahora, en un ambicioso y costosísimo plan nacional para restituir el uso público del litoral español intoxicado por los ladrillos y la arbitrariedad, prevé la retirada de unas 1.500 viviendas irregulares e instalaciones (incluidos hoteles), la mayoría para veraneo, por todo el Archipiélago. O habría que recordar que ésta no es la primera vez que se derriba una edificación en Cho Vito: en 1985 una sentencia desencadenó la destrucción de una casa de tres pisos. Antes de Cho Vito, ha habido más de mil demoliciones.
Ésta ha sido la respuesta de las administraciones a las reiteradas demandas de una inmensa mayoría de ciudadanos que han escogido permanecer en la legalidad urbanística. Porque entre ellos y Cho Vito también hay en el fondo un agravio. Pero, también, fue una consecuencia de la anarquía y los atropellos del pasado. Basta con recordar que hasta 1996, fabricar una vivienda en suelo no urbanizable era considerado sólo una falta. Incluso, ya con la puesta en marcha de los complejos e intrincados paquetes normativos para proteger un suelo castigado, escaso y frágil, Canarias sigue siendo una de las comunidades más incumplidoras con su territorio. ¿Cómo se lograría el equilibrio si se hiciera una amnistía tras otra atendiendo a razones sentimentales?
Más preguntas. ¿En verdad la justicia sólo ha actuado contra los pobres, como clama Cho Vito, y nunca contra los ricos? Pues tampoco ha sido así del todo. Desde aquella demolición ejemplarizante en 1989 del hotel Dunas, en Gran Canaria, pasando por la del chalet del ex viceconsejero de Economía del Gobierno canario, Manuel Barreto (estaba en pleno parque natural de Bandama, también en Gran Canaria), en 1992, la hemeroteca recoge bastantes casos de edificaciones de clase alta que no recibieron un trato de favor. Es curioso ver que la primera casa demolida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural fue una mansión en el Julán (El Hierro) que pertenecía a un millonario suizo y cuyo coste rondaba los 1,2 millones de euros. O ahí están los expedientes de demolición que afectan a dos hoteles de cuatro estrellas de Lanzarote (Papagayo Arenas y Gran Castillo) y la reciente condena a la pena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio al responsable de la construcción de un hotel de alta gama en un parque natural en la zona de Enchereda, en La Gomera, que también será demolido. O incluso las numerosas investigaciones judiciales que afectan a políticos de la altura de Miguel Zerolo (alcalde de Santa Cruz) o José Manuel Soria (vicepresidente del Gobierno de Canarias) relacionadas con el urbanismo, todavía en proceso de tramitación.
La abogada Dolores Pellicer recordaba esta semana en una tertulia radiofónica que "los vecinos de Cho Vito nunca tendrán suficiente dinero para apelar al Tribunal Supremo". Las propias leyes recogen ventajas veladas y no tan veladas para las grandes empresas (como el lucro cesante, que garantiza indemnizaciones) y las personas que se puedan pagar un buen equipo de abogados. Por eso, y porque algunos de esos empresarios tienen hilo directo con el poder, hay tantos atentados en pie, tantos expedientes en suspenso y tanta diferencia en la aplicación de la legalidad. Es una situación que no sólo afecta al urbanismo, sino a todas las facetas de la justicia. Pero ése sería otro debate que se oculta tras el sentimiento de Cho Vito.
los otros
´cho vitos´
cerca de un millar de derribos ejecutados. Ha sido especialmente a partir del año 2000, con la apuesta de las administraciones por aplicar con severidad las leyes urbanísticas, cuando han comenzado a proliferar las demoliciones en Canarias. El abanico de tipos de irregularidades y organismos actuantes es casi inacabable. Sólo la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias ha derribado, desde su nacimiento en 1999, más de 150 viviendas construidas en terreno protegido y que carecían de los permisos pertinentes. Hay cientos de expedientes en curso de un total de 29.150 actuaciones por todos los conceptos en la historia de la Agencia de Protección, además de por el urbanístico (vertidos, residuos, impacto...). Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente ha promovido hasta ahora la ejecución de más de medio millar de demoliciones en el litoral canario, especialmente en Fuencaliente (La Palma), El Sauzal y Granadilla (Tenerife). Cho Vito ha pasado a engrosar la lista de más de 1.000 edificaciones destruidas en total al no estar amparadas por las diferentes legislaciones.
Y lo que viene. Sólo el plan de la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, para recuperar al uso público la franja litoral española más afectada por el urbanismo irresponsable prevé para Canarias más de 1.500 demoliciones de edificaciones que invaden las zonas costeras protegidas en los próximos meses, tanto las que nacieron incumpliendo la Ley de Costas de 1988 como las que ya antes se encontraban en situación de ilegalidad y no están amparadas por ningún convenio, concesión ordinaria o extraordinaria (como los clubes privados) o valor excepcional. Los derribos o sanciones, tanto por las infracciones a Costas como a los planes generales y las leyes de direcctrices urbanísticas, vendrán en cascada. Son pueblos, asentamientos y núcleos turísticos situados principalmente en Fuerteventura (Majanicho, Ajuy, El Puertito de la Cruz, Cofete, Los Molinos, Jacomar), Lanzarote (La Humosa, las salinas de Los Agujeros, urbanización Los Cocoteros, los 22 hoteles ilegales y complejos de apartamentos en Yaiza y Teguise), La Palma (asentamientos costeros diseminados por toda la costa que afectan a más de 600 casetas) y Tenerife (núcleos costeros de Santa Cruz, El Rosario, Candelaria, Güímar, Granadilla, Arona, Tacoronte, Puerto de la Cruz, El Sauzal o La Matanza).
Edificaciones de lujo derribadas y amenazadas. Aunque pueda dar la sensación de que las edificaciones más afectadas por la aplicación de las leyes son humildes, la realidad no dice lo mismo. A parte de los cuatro hoteles de Lanzarote y Fuerteventura con expediente de derribo en trámite, nos encontramos con un conjunto de chalets en Hoya Pozuelo (Telde) en parecida situación. También están bajo un expediente de derribo parcial algunas casas de lujo en el litoral de Candelaria, afectadas por el proyecto de Sendero Litoral La Galera-Punta Larga. Una de ellas es la de un conocido constructor tinerfeño, cuya piscina y cancha deportiva invade el terreno público, según Costas. De las construcciones ya destruidas llaman la atención una veintena de chalets, algunos incluso con piscinas y canchas deportivas. De hecho, la primera edificación que derribó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural fue un chalet en El Julán, El Hierro, valorado en 1,2 millones de euros y propiedad de un conocido empresario suizo. O ahí está el edificio de cuatro plantas de Residencial Anaga, derribado el año pasado por orden judicial al comprobarse que la licencia era ilegal.
